Santo Domingo. – El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó la madrugada de este martes a 20 años de prisión al mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, quien se desempeñó como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) durante los ocho años de gobierno del expresidente Danilo Medina, tras ser hallado culpable de integrar una red de corrupción que desfalcó al Estado dominicano con miles de millones de pesos.
Junto a Cáceres Silvestre también fueron condenados a 20 años de prisión el general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, luego de que el tribunal determinara su responsabilidad en múltiples delitos relacionados con corrupción administrativa y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con la sentencia, Adán Cáceres y Juan Carlos Torres Robiou fueron encontrados culpables de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial injustificado y otros delitos agravados por su condición de funcionarios públicos.
En tanto, Rafael Núñez de Aza fue condenado por asociación de malhechores, prevaricación, soborno, desfalco, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado.
La decisión fue adoptada por el tribunal presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez, e integrado por las magistradas Tania Yunes y Jissel Naranjo, tras un extenso proceso judicial en el que el Ministerio Público presentó cientos de pruebas documentales, periciales y testimoniales para sustentar las acusaciones.
Asimismo, el general de la Fuerza Aérea Dominicana Julio Camilo de los Santos Viola y la pastora Rossy Guzmán fueron condenados a 15 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos.
El caso, considerado uno de los mayores expedientes de corrupción administrativa de los últimos años en República Dominicana, puso bajo escrutinio el manejo de recursos públicos durante la pasada gestión gubernamental y culminó con severas condenas contra varios de los principales implicados en la denominada red de corrupción desmantelada por las autoridades.
La sentencia representa uno de los fallos más contundentes emitidos por la justicia dominicana en materia de corrupción, enviando un mensaje sobre las consecuencias legales para quienes utilicen posiciones de poder para enriquecerse ilícitamente a costa de los recursos del Estado.
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