Entre 2020 y 2024, la Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados (Incabide), incautó 1,543 armas de fuego en distintos operativos realizados en el país.
Las incautaciones se llevaron a cabo como parte de procesos judiciales y acciones conjuntas con organismos de seguridad estatal, en el marco de investigaciones vinculadas al crimen organizado, el narcotráfico y la posesión ilícita de armas.
En 2020 fueron decomisadas 124 armas; en 2021, 209; en 2022, la cifra ascendió a 317; en 2023 se registraron 372; y en 2024, se alcanzó el pico más alto con 521 armas incautadas.
Del total general, las pistolas representan el tipo de armamento más común entre los decomisos, seguidas por las armas de fabricación casera, frecuentemente ensambladas con materiales rudimentarios. En tercer lugar figuran los revólveres, mientras que en cantidades menores se contabilizan rifles, escopetas, fusiles, ametralladoras y chalecos antibalas.
Aunque el informe no detalla individualmente cada unidad, en otros documentos oficiales y comunicados anteriores, el Ministerio Público ha identificado armas de marcas como Glock, Beretta, Taurus, Smith & Wesson, Ruger y Colt. En el caso de armas largas, se han mencionado modelos de Remington, Mossberg, Winchester, Norinco, AK-47 (Kalashnikov) y Bushmaster. También se han recuperado chalecos antibalas de uso policial o militar, muchos de los cuales carecen de numeración o registros visibles sobre su procedencia.
La menor proporción de incautaciones corresponde a fusiles, ametralladoras y chalecos antibalas, que por su naturaleza están restringidos a cuerpos militares o policiales. No obstante, las autoridades han reportado su hallazgo en operativos específicos, lo que ha dado lugar a investigaciones complementarias para determinar su origen.
Las armas incautadas son trasladadas a depósitos bajo custodia del Ministerio Público y, en algunos casos, al Ministerio de Defensa para su clasificación, documentación o posterior destrucción, conforme a lo estipulado en las leyes dominicanas. Hasta el momento, no se ha revelado un desglose geográfico sobre las zonas donde se han producido estas incautaciones, ni el destino final de cada tipo de armamento.
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