El juicio que se sigue contra los implicados en las operaciones Coral y Coral 5G sumó este martes nuevos elementos probatorios que fortalecen la acusación del Ministerio Público, la cual apunta a un amplio entramado de corrupción administrativa que sustrajo más de 4,500 millones de pesos del erario entre 2012 y 2020.
Durante la audiencia, como parte de sus pruebas testimoniales, el MP presentó una perito de la Cámara de Cuentas que estableció que el oficial Adán Cáceres Silvestre presenta un enriquecimiento injustificado de más del 100% en sus declaraciones juradas, según informó la entidad por medio de un comunicado.
El fiscal litigante Jonathan Pérez, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que también fue presentada como testigo una cajera de la sucursal del Banco de Reservas donde se hacían todas las operaciones del entramado, quien estableció que las transacciones se hacían por instrucciones de la acusada Esmeralda Ortega Polanco, quien se desempeñaba como gerente de la entidad financiera.
Con esa prueba testimonial quedó establecido que Ortega Polanco violaba los protocolos internos del área de caja para favorecer a la estructura dirigida en la parte financiera por el coronel de la Policía Rafael Núñez De Aza.
Pérez dijo que también presentaron los testimonios de los auditores de la Cámara de Cuentas, estableciendo la primera de estas las omisiones que presenta Juan Carlos Torres Robiou en su patrimonio y el de su esposa Greybby Cuello Coste.
En ese mismo orden, detalló que también se presentó la perito que realizó el análisis de la declaración jurada de Julio Camilo de los Santos Viola, estableciéndose, igualmente, un enriquecimiento injustificado. Indicó que el oficial adquirió más de 20 inmuebles en el año 2022, sin justificación alguna.
“A la fecha se han presentado 306 testigos de 438”, destacó el Ministerio Público representado en audiencia por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y los fiscales Jonathan Pérez, Miguel Collado, Enmanuel Ramírez, Melbin Romero y Arolin Lemos.
Las juezas Gisselle Méndez, Jissel Naranjo y Tania Yunes, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, luego de concluir la jornada, aplazaron la audiencia para el próximo martes 29 de abril, de 9:00 a 1:00 de la tarde.
La acusación
El Ministerio Público señala a Adán Cáceres Silvestre como el cabecilla de una red de corrupción integrada por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó principalmente desde el Cusep y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Los fondos, en muchos casos provenientes de partidas de inteligencia, eran desviados a través de mecanismos financieros y estructuras societarias ficticias.
Además de Cáceres Silvestre, el expediente acusa a los generales Julio Camilo de los Santos Viola y Juan Carlos Torres Robiou, al coronel Rafael Núñez de Aza, al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, y al sargento Alejandro José Montero Cruz. También figuran en el expediente la religiosa Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora) y su hijo, el cabo Tanner Antonio Flete Guzmán, así como José Manuel Rosario Pirón, Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y la ya mencionada Esmeralda Ortega Polanco.
Por Tania Frías
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