El Estado dominicano considera que se abrió un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción administrativa debido a que, por primera vez en procesos judiciales de esta naturaleza, se ha emitido una decisión que embarga bienes y recursos económicos para garantizar la indemnización a favor del Estado.
A través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), apoderado por el Poder Ejecutivo para recuperar los bienes públicos en manos de particulares, el Estado valoró la decisión del juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, de dictar coerción por más de 445 millones de pesos en contra de los imputados a quienes se les acogió la calificación jurídica de lavado de activos en el caso de corrupción seguido a Juan Alexis Medina Sánchez, Carmen Magalys Medina Sánchez, Fernando Rosa Rosa, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez y otros.
De igual manera, la disposición de enviar a juicio a todos los implicados que no llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público.
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