Gómez Mazara advirtió que desde el poder se confunde “decencia en el reclamo con cobardía” y que en la etapa previa al domingo 16, un sector policial y militar anduvo actuando con un marcado interés político porque se siente protegido por el oficialismo y en capacidad de generar suficiente miedo en la población en procura de imponer victorias sin el concurso de los electores.
Pidió a la sociedad dar claras manifestaciones de madurez y responsabilidad para enviarle un mensaje a las autoridades del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de que los niveles de tolerancia exhibidos por la población durante el pasado domingo 16 no pueden ser confundidos como incapacidad de reacción.
Consideró que tampoco se debe de confundir el comportamiento cívico con una falta de observación del «entramado mañoso» activado desde el poder con el marcado interés de transferir al litoral opositor las responsabilidades de incidentar los comicios municipales.
Para el abogado y profesor universitario, «toda la estructura mediática al servicio del gobierno» anda de correa de transmisión de un mensaje que ofende a la inteligencia de los dominicanos e intenta desvirtuar el fracaso del órgano electoral (JCE) en la organización de los comicios.
Dijo que si se lleva a cabo una investigación seria, rigurosa y objetiva, apuntaría al litoral oficial, profundamente acorralado porque perdió en las calles las simpatías y «necesita un aliento aventurero para continuar su plan de perturbar y generar confusión tanto en el país como en la comunidad internacional».
Señaló que el oficialismo posee una interpretación errónea del espectro opositor porque le atribuye una enorme raíz conservadora que impediría actitudes acorde con los intentos de ganar con decencia, pero enérgicamente el ritmo democrático de una nación pieza de escándalo en el exterior.
Consideró como un triste espectáculo el obstruir la realización de las elecciones municipales.
Dijo que la actual crisis colocó en una extraña coincidencia a personas de pensamiento ideológico distante como Roger Noriega y Deosdado Cabello que coincidieron en el sentido de establecer que “esas perturbaciones del proceso electoral” se hacen con el consentimiento del poder.
Recordó que Danilo Medina no puede circunscribir su reponsabilidad institucional a generar los recursos suficientes a la JCE para el desarrollo del evento pautado para el 15 de marzo próximo sino que las prácticas abusivas y de altísima carga clientelar en los barrios, municipios y distritos municipales se desarrollan desde un aparato estatal dirigido por él, y nadie puede creer su desconocimiento de un elemento perturbador del proceso.
Cuestionó la irresponsabilidad del aparato oficial en reducir un atentado al sistema democrático del país a acusaciones sin ingún tipo de seriedad encaminadas a encontrar un “culpable” que es el competidor con mayores posibilidades electorales en los comicios presidenciales de mayo.
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